#JuanaCuentaConmigo

#JuanaCuentaConmigo #YoApoyoAJuanaRivas #JuanaEstáEnMiCasa #ProtecciónDeLosMenoresFrenteALosMaltratadores #BastaYaDeJusticiaPatriarcal

Estos son algunos de los hashtags y lemas que estamos usando, y gritando, para expresar nuestro apoyo a Juana Rivas en la protección de sus hijos frente a su maltratador, y  a la causa que para muchas/os activistas contra las violencias machistas representa su caso, al poner de manifiesto las contradicciones del sistema.

La Plataforma 7N contra las Violencias Machistas de España ha creado esta petición: 

Basta Ya de Justicia Patriarcal

A LA FISCALÍA Y AUTORIDADES JUDICIALES DE GRANADA Y LA OPINIÓN PÚBLICA:

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha ordenado a Juana Rivas devolver a sus hijos a Italia con el padre el día 28 de agosto (como ya, al comparecer, ella y sus asesoras sabían que sucedería, dada la firmeza irrevocable de la sentencia que lo acuerda).

Además ordena citar en la causa penal contra Juana Rivas por los delitos de sustracción de los niños y desobediencia a la autoridad judicial, como personas investigadas, a sus familiares dentro del segundo grado y a la asesora jurídica y la psicóloga del CMIM de Maracena.

Entendemos que:

Juana Rivas desde el principio ha sido informada por su letrada y su asesora jurídica de las posibles consecuencias jurídicas de no devolver a sus hijos al padre.

A pesar de ello, Juana ha querido intentar todo lo posible y lo imposible antes de devolverlos. Y lo ha hecho porque para ella la de entregar a los hijos al padre maltratador no es opción válida. Equivale a una forma de suicidio: es matar toda posibilidad de defender a sus hijos del maltrato del padre. Si la justicia española, la de su país, no da a sus hijos siquiera la protección temporal que permite el Convenio de la Haya (denegar la devolución inmediata) mucho menos puede confiar en la italiana. En Italia es extranjera y la legislación y medios para enfrentar la violencia de género allí son mucho más precarios. Allí es asesinada por violencia de género una mujer cada 72 horas y el TEDH ha condenado a Italia por su ineficiente lucha contra la violencia machista. Objetivamente, allí lo tiene mucho más difícil.

Tanto su familia como las profesionales del Centro de Información a la Mujer de Maracena conocen la situación de violencia que Juana Rivas y sus hijos vivieron en Italia, y son responsables es de no haber retirado a Juana su apoyo incondicional. Retirarle su apoyo y forzarla a entregar a los niños al padre mientras existía aunque fuese un ínfimo resquicio de posibilidad de lograr protección de la justicia española, Juana y sus hijos lo hubieran vivido como un abandono incomprensible por quienes conocen su situación, con un tremendo dolor acumulado al que ya traen sobre sí.

Las leyes españolas, que desde 2015 dicen proteger del maltrato a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, son tremendamente hipócritas, pues en la práctica permiten su total desprotección. Nuestras leyes dicen que hay que oír a las víctimas, pero no escucharlas. Es preciso desarrollarlas y modificar todo aquello contradictorio en las mismas. Eso no es posible sin enfrentar al sistema a los efectos de sus propias contradicciones. Es lo que hace este caso, que convertimos en causa porque las contradicciones del sistema ya colmaron la paciencia feminista.

Hay que estar muy convencida de la necesidad de no rendirse para, a pesar del miedo, enfrentar las consecuencias, y también para mantener el apoyo y dar la cara por ella ante la opinión pública como ha hecho la asesora jurídica del CMIM de Maracena, Francisca Granados Gámez.

Juana Rivas ha mantenido su decisión mientras lo ha considerado posible, no incitada por su asesora jurídica y su psicóloga, sino por propia necesidad y voluntad, e incitada, como ella misma manifestó el pasado día 22 de agosto al salir del Juzgado, por el apoyo social a su postura de intentar a toda costa lo que considera justo y necesario: conseguir protección de la justicia española para sus hijos frente al padre maltratador.

Somos miles las personas que hemos mostrado nuestro respeto a su decisión y nuestro apoyo a Juana Rivas en las plazas (de Maracena, Granada y otras ciudades), en las redes sociales y a través de los medios.

Cada una de las personas abajo firmantes somos tan responsables de incitarla a delinquir como lo puedan ser su familia y las profesionales del CMIM de Maracena, estamos convencidas/os de la justicia de su actuación ante la injusticia de la desprotección judicial. Mostramos nuestra solidaridad con ellas y SOLICITAMOS A LA JUSTICIA ESPAÑOLA QUE DEJE DE CRIMINALIZARLAS.

#JuanaCuentaConmigo #YoApoyoAJuanaRivas #JuanaEstáEnMiCasa #ProtecciónDeLosMenoresFrenteALosMaltratadores #BastaYaDeJusticiaPatriarcal

 

Sobre comentarios: reservado el derecho de admisión

Como este es mi blog, lo considero este pequeño espacio un sitio personal y amigable (amigable ¿para quién?, dirán; para mí la primera, respondo, y quien quiera compartirlo amigablemente), de manera que me reservo el derecho a publicar comentarios o no hacerlo.

Y aviso, desde ya, no publicaré ninguno de tono insultante o despectivo o que, simplemente, yo no considere que aporta algo constructivo, sea en sí mismo o por la respuesta que me sugiera.

Saludos cordiales

La Plataforma de apoyo a Juana Rivas ha creado un Blog:

La Plataforma de apoyo a Juana Rivas ha creado un Blog, donde se explica quienes integran la plataforma y cómo ayudar: https://plataformaporjuana.wordpress.com/

En el caso de Juana Rivas y sus hijos el sistema de justicia español se muestra, como en tantos otros casos, incapaz de comprender y de enfrentar  situaciones complejas de victimización, y de victimización reiterada o revictimización, que con frecuencia se niega a identificar como injustas,  las obvia y causa a las víctimas una tremenda victimización secundaria. El caso de Juana es especialmente grave porque la desatención judicial a la situación de violencia que provoca el miedo de Juana a entregar a sus hijos al padre convierte a Juana en criminal.

El JVM de Granada, tenía que haber remitido inmediatamente su denuncia de 2016 a las autoridades italianas, como dispone el art. 17 de la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito. No lo hizo,  primero porque el Juzgado la archivó en lugar de cumplir con su obligación, después por algo tan absurdo como que no había recursos para traducir la denuncia al italiano (más absurdo siendo lenguas latinas que entre sí se leen sin problema).

Y el Juzgado de Primera Instancia también obvia la violencia y ordena la restitución inmediata de los menores, pese a que el Convenio de La Haya de 1980 -aprobado cuando la violencia contra las mujeres permanecía aún invisible y no existían normas a nivel internacional ni estatal para enfrentarla- permite no obstante a la autoridad judicial o administrativa requerida denegar la restitución  de los menores cuando existe un grave riesgo de que la misma les exponga “a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable” (artículo 13.b).

El Código Civil ordena interpretar las normas según el sentido propio de sus palabras, en relación con los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que deben aplicarse. Y las Leyes de 2015 que modifican el sistema de protección de la infancia y la adolescencia (orgánica y ordinaria), dicen que reconocen a los menores como víctimas directas de la violencia de género.

Según la Ley Orgánica 8/2015:

“…, es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género. Esta forma de violencia afecta a los menores de muchas formas. En primer lugar, condicionando su bienestar y su desarrollo. En segundo lugar, causándoles serios problemas de salud. En tercer lugar, convirtiéndolos en instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la mujer. Y, finalmente, favoreciendo la transmisión intergeneracional de estas conductas violentas sobre la mujer por parte de sus parejas o ex parejas. La exposición de los menores a esta forma de violencia en el hogar, lugar en el que precisamente deberían estar más protegidos, los convierte también en víctimas de la misma.” (Preámbulo, VI).

La Ley 26/2015 recoge como uno de los principios rectores de la acción administrativa

  1. i) La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico, los castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente […], la violencia de género o en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, así como la trata y el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra forma de abuso.

Pero son leyes hipócritas donde las haya.

Por una parte, porque, más allá de esa declaración y principio, prácticamente la única consecuencia de ese reconocimiento de los hijos como víctimas de la violencia de género es ordenar que la autoridad judicial (“el juez”) competente “deba pronunciarse en todo caso sobre la pertinencia de adopción de medidas cautelares y de aseguramiento”: orden de protección, salida del domicilio, alejamiento, suspensión de comunicaciones y suspensión de la patria potestad o la custodia y del régimen de visitas del inculpado a sus descendientes. Solo debe pronunciarse sobre ello, en ninguna parte indican que tenga que hacerlo en un sentido u otro, que deba proceder a esas suspensiones. Así pues, dependerá del criterio de los operadores jurídicos (equipos técnicos, acusaciones pública y particular, autoridad judicial), solicitar, pelear y acordar esas medidas, o seguir con la inercia patriarcal y no hacer nada de eso. En definitiva, estas leyes establecen que es posible proteger a los menores, pero no ordenan protegerlos.

Por otra parte, igual que sucede con la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito, estas leyes de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia contienen disposiciones adicionales de “no incremento del gasto”: las medidas que contienen no puedensuponer incremento de gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal”.

Cuando el personal que debe aplicarlas no está capacitado para comprender la violencia de género, porque carece de formación especializada –la perspectiva de género es imprescindible- y/o por razones ideológicas de reacción machista, y se opone a los principios que declaran esas leyes, esas declaraciones que nos parecían un gran avance en la práctica se quedan vacías.

Ni los Juzgados, ni la Fiscalía, ni la Audiencia Provincial, ni el Tribunal Constitucional han estado dispuestos a darles contenido.

Hay quienes dicen que un caso no hace causa, pero hay causa cuando son muchos los casos, y el de Juana y sus hijos colmó el vaso de la paciencia a muchas mujeres y hombres feministas, a víctimas y a profesionales que conocemos bien aquella incapacidad de que comencé hablando.

Es por eso que para muchas y muchos #JuanaSomosTodas y #YoApoyoAJuanaRivas

Fallas en el modelo andaluz de gestión de la asistencia a víctimas: el caso granadino

Trabajo presentado al III Congreso Nacional de Victimología, Madrid, octubre 2009